El modelo bio-psico-social: una perspectiva integral para el abordaje de la salud en trabajo social
Trabajo Social
El trabajo social, según lo que establece la Federación Internacional del Trabajo Social, es una profesión basada en la práctica, así como una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, el fortalecimiento y la liberación de las personas, además de la cohesión social. Debido a esto, no es de extrañar que cualquier espacio en el que decidan desarrollarse hará que se enfrenten a todo tipo de retos y dificultades.
Sin embargo, existe un sector en particular que, por su complejidad, la violencia e inseguridad que lo habitan, representa uno de los mayores desafíos para estos profesionales. Así, más allá de presentar certezas o responder a la interrogante "¿cómo puede intervenir un trabajador social?", en el presente artículo queremos mapear el escenario al que se enfrentan los trabajadores sociales al ser testigos de lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios en México y, al ser parte de un sistema que "tiene como misión" la reinserción social de los reclusos tras finalizar su condena.
Según el glosario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el objetivo del sistema penitenciario es "lograr la reinserción social de los sentenciados y procurar que no vuelvan a delinquir." Es por esto que dentro del tratamiento técnico progresivo que reciben los internos se encuentran actividades como el trabajo, la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte.
Aunado a esto, tanto en el sistema penitenciario como en el código penal se establece que la persona que infringe la ley tiene derecho a recibir una atención más personalizada mientras cumple su condena, que lo ayude a disminuir las probabilidades de reincidencia, además de que haya un cambio en su conducta hacia una de carácter prosocial.
La atención que brinda el trabajador social inicia a partir de que la persona comienza a cumplir con su periodo de condena y continúa incluso después de reincorporarse en sociedad. A lo largo de este proceso se busca que el interno desarrolle competencias individuales, sociales y laborales, además de que fortalezca aspectos protectores que faciliten su integración social. Así, entre las actividades que se espera que un trabajador social desempeñe al interior de los centros penitenciarios se encuentran:
Pese a que lo anterior tan sólo es un esbozo general de cómo el trabajador social podría intervenir, se esperaría que la persona que decide cambiar y mejorar se vuelva a integrar en sociedad con la convicción de acatar las normas sociales y no recaer en la delincuencia. Desafortunadamente, aunque la teoría suena muy bien en papel, al igual que lo establecido en la ley, nuestra realidad es otra.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México cerró el 2023 con 30,523 víctimas de asesinato. Pese a haber disminuido en 1,431 víctimas con respecto a las del 2022 y en casi 4,000 con las declaradas en el 2021, la cifra continúa arriba de las 30,000 por sexto año consecutivo, marcando el sexenio de López Obrador como el más violento en la historia reciente de nuestro país (Ferri, P., 2024). Y esto es sólo en referencia a los asesinatos, faltaría analizar cifras relacionadas a otro tipo de transgresiones a la ley y actos delictivos.
Con este escenario social en mente, donde la violencia y delincuencia no ceden terreno, además de que el número de personas que ingresan a los reclusorios continúa en aumento, Karla Rodríguez Crispín (2019) menciona en uno de sus artículos que, existe una deficiencia en el sistema penitenciario al no ser capaz de brindar una atención y apoyo efectivos que devuelva a la sociedad ciudadanos comprometidos a colaborar en el orden y la cohesión social. Pero, si sabemos que existen trabajadores sociales al frente de batalla prestando sus servicios para marcar una diferencia, ¿qué ocurre al interior de estos muros que vuelve tan difícil la atención a los internos, así como la garantía de que el entorno social donde nos desenvolvemos podría ser uno más tranquilo y seguro?
De acuerdo con lo establecido por la ley, los centros penitenciarios tienen por obligación garantizar 1) la integridad física y moral de los internos, 2) una estancia digna y 3) que existan condiciones de gobernabilidad, es decir, que la autoridad penitenciaria pueda cumplir con sus funciones, además de que tenga la capacidad de ejercer control y orden cuando sea necesario. No obstante, en su artículo La familia y la sobrevivencia del interno en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, Diego Aguilar Villarreal (2017) recupera una serie de deficiencias, detectadas inicialmente en el 2002 y observadas nuevamente en el 2015 en un estudio realizado por la CNDH sobre los Reclusorios Preventivos Varoniles de la Ciudad de México, que imposibilitan la existencia de un entorno estable y digno tanto para las personas que laboran en los centros como para los reclusos.
Entre los aspectos que impiden salvaguardar la integridad física y moral de los internos se encuentran la violencia e inseguridad ocasionada por el crimen organizado que impera al interior de los centros, ejerciendo el control sobre la población recluida, así como aquella que se encuentra laborando; la sobrepoblación de los reclusos; el hacinamiento, resultado de la ausencia o inadecuada clasificación de la población; las carencias del servicio de atención médica por falta de personal, equipo médico, medicamentos o material de curación; deficiencias en la supervisión del funcionamiento del centro, la prevención de incidentes violentos o la pronta atención en caso de que éstos ocurran; fallas en la prevención de violaciones a derechos humanos, en su registro (en caso de ser detectados) y procedimiento para ser atendidos y corregidos; así como deficiencias en la atención a internos que se encuentran en condiciones de aislamiento.
En cuanto a los elementos que afectan el derecho a una estancia digna encontramos las carencias relacionadas con la existencia y la capacidad de las instalaciones para el funcionamiento adecuado de los centros, dado que existe un déficit en los espacios que son humanamente habitables. Sumando a lo anterior, se encontraron deficiencias en las condiciones materiales, de higiene y equipamiento para alojar y atender a los reclusos, así como fallas en la elaboración, distribución, consumo, cantidad y calidad de los alimentos o dietas especiales.
Ahora, los aspectos que obstaculizan la gobernabilidad son la falta de un manual de procedimientos para el uso de la fuerza, el traslado de los internos, la posibilidad de presentar quejas o solicitar audiencia con las autoridades, revisión de estancias, así como deficiencias en la difusión de la normatividad a los internos. Aunado a esto, no hay suficiente personal de seguridad y custodia que haga frente a los internos, quienes los superan en número, por lo que hay una carencia de orden y control ante las actividades de los reclusos, así como los incidentes de violencia que se presentan. Incluso, suele ser común que los técnicos de seguridad busquen formar alianzas con los internos para cogobernar en sus espacios asignados.
Para complementar lo anterior, tampoco existen procesos de imposición de sanciones eficientes dado que no son respetados, además de que hay deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del centro penitenciario. En cuestión de los internos, se detectó la presencia de cobros por parte de éstos; la existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias ilícitas; reclusos que ejercen violencia y control sobre el resto de la población; así como la presencia de prostitución.
En un entorno hostil y violento tanto los reclusos como el personal laborando al interior de los centros son conscientes de que existen dos leyes: la de los internos que controlan los dormitorios y aquella estipulada por el Estado Mexicano, que luce bien en papel pero no tiene jurisdicción más allá de éste (según las situaciones que se presenten). Así, para cualquiera de las partes que se encuentran allá adentro lo más importante es sobrevivir, y aunque muchos no lo quieran, deberán establecer alianzas para asegurar su seguridad o, conseguir productos legales o ilegales.
Frente a este panorama de sobrevivencia, es complejo y complicado para cualquier trabajador social ético implementar proyectos de reinserción que sean eficientes para cada uno de los internos. Aunado a esto, se enfrentan a la falta de espacios destinados a talleres, trabajos o capacitación laboral, aulas donde puedan recibir educación formal y extraescolar, además de canchas deportivas dónde practicar actividad física. Aguilar Villarreal (2017) también menciona que el trabajador social siempre estará expuesto a la corrupción y tentación del dinero, el acoso y las amenazas por parte de los internos, entre otras cuestiones. Por esto, considera que un mejor plan de acción involucra la intervención y el trabajo con los familiares o personas cercanas de los reclusos, debido a que son el apoyo y el contacto directo con el mundo exterior.
En pocas palabras, los trabajadores sociales luchan contra un escenario donde la apuesta por la reinserción social no es una prioridad ni tampoco un deseo por grupos de poder, ya sean reclusos, autoridades u otros que se encuentran más allá de las murallas de los centros penitenciarios y que sin embargo, logran operar u orquestar movimientos al interior de éste.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la familia es considerada como una institución que puede contribuir a expandir las capacidades de las personas, a fortalecer el tejido social y a prevenir la reproducción de la violencia (PNUD, 2013:23). Aunado a cumplir funciones básicas de apoyo social y de protección material, física y emocional, el PNUD también reconoce que la familia tiene un papel fundamental en la socialización de las normas y su aprendizaje, por lo que la identifica como un primer mecanismo de control social.
Así, para el interno que se encuentra recluido en un centro penitenciario, el apoyo de la familia es clave dado que es lo único que lo conecta con lo que ocurre en el mundo exterior; es parte crucial en su proceso de reinserción social tras ser liberado, ya que lo pueden apoyar en fortalecer su salud mental, física y emocional, además de evitar que reincida o caiga en actos delictivos; y es su sustento económico para sobrevivir al interior del reclusorio.
Con respecto al último punto, la familia se convierte en el apoyo económico que permite que el interno tenga acceso a artículos de limpieza personal, ropa, comunicación, además de que pueda subsistir al cumplir con los acuerdos establecidos con el personal de seguridad, es decir, que pueda sobrevivir al interior del sistema penitenciario y sea capaz de adquirir droga (marihuana), servicios como televisión, resistencia para calentar agua, botellas para el agua, cartón, cobijas para dormir, cortes de cabello, servicios sexuales, entre otros.
En su artículo, Aguilar Villarreal (2017) da por sentado que los internos tendrán el apoyo incondicional de sus familiares, pero es importante debatir que pueden existir casos donde el recluso carezca de parientes o, que su familia no cuente con los recursos para poder auxiliarlo y garantizar su seguridad, así como la posibilidad de que provenga de una familia disfuncional que no pueda o tenga interés en apoyarlo. Con este nuevo panorama en mente, se vuelve aún más complejo el cumplimiento de condena para el recluso, así como el proceso de atención para el trabajador social, pues se devela la existencia de una gran variedad de situaciones y particularidades que podrían estar presentes en el entorno de los internos que el autor no toma en consideración y que sería importante analizar más detalladamente en futuros trabajos de investigación e intervención.
Para concluir, el trabajo social penitenciario se ha visto afectado por las problemáticas de inseguridad, violencia e incumplimiento de la ley que imperan al interior de los centros penitenciarios, aspectos que mapeamos de manera general a lo largo de este artículo, pues somos conscientes que muchos otros quedaron fuera o escaparon de nuestras manos al quedarnos cortos en la revisión de investigaciones recientes o, por que no han sido develados por situaciones de seguridad.
No obstante, aunque pareciera que todo está perdido ante el control de un sistema corrupto, una ventana se abre al direccionar nuestra mirada a las familias tanto de los internos como aquellas a nivel general puesto que, con las primeras es importante trabajar en saber estar y ser apoyo para evitar la reincidencia en actos delictivos, mientras que con las segundas es crucial encontrar una forma de ayudarlas a cuidar su entorno, convivencia familiar, entre otros aspectos, con el fin de evitar que cualquiera de sus integrantes transgreda la ley e ingrese a un sistema del que es complicado salir sin mancharse las manos.
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