Combatiendo el desgaste por empatía: la herramienta de autocuidado para quienes apoyan a víctimas de violencia
Trabajo Social
Con el paso de los años se ha observado un aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos residiendo en México y Centroamérica, que deciden dejar sus países en busca de mejores horizontes de desarrollo. La violencia e inseguridad propiciadas por pandillas o grupos de crimen organizado, la pobreza, el acceso limitado a servicios, una educación precaria, la falta de empleo, la inestabilidad política, entre otras cuestiones son algunas de las principales razones por las que abandonan sus hogares.
Ya sea que México se presente como destino final o que su verdadera búsqueda los lleve a Estados Unidos, lo cierto es que la nación mexicana se ha convertido en un territorio receptor, y hoy más que nunca enfrenta grandes retos y responsabilidades frente a la protección y garantía de derechos de estos menores en tránsito. ¿Qué situaciones enfrentan los trabajadores sociales con respecto a la niñez migrante? ¿Qué complejidades implica su recepción y atención? ¿Nuestro país está preparado para brindar su apoyo o qué obstáculos se lo impiden? Estas son sólo algunas de las preguntas que exploraremos a lo largo del artículo para esclarecer el escenario en el que se inserta el profesional de trabajo social. Así que, ¡quédate con nosotros y continúa leyendo!
De acuerdo con una investigación conducida por el medio Animal Político (2022), la reforma de protección a la niñez migrante que entró en vigor en 2021 no está teniendo el impacto esperado, puesto que ha dejado al descubierto su ineficiencia, la falta de personal y presupuesto, así como las constantes violaciones a la ley que tan sólo continúan exponiendo a los niños, niñas y jóvenes migrantes a un entorno precario y lleno de injusticias. Pero, retrocedamos un poco, ¿a qué ley nos referimos? Y, ¿qué pretendía cambiar o mejorar?
Pese a la resistencia de algunos miembros del gobierno de López Obrador, en enero del 2021 entró en vigor una reforma impulsada por la sociedad civil donde quedaba establecido, tanto en la Ley de Migración como en la Ley sobre Refugiados, que ningún niño, niña o adolescente migrante (así como el resto de su familia) podría ser detenido en estaciones migratorias (consideradas cárceles de facto), sino en cambio, debería ser acogido en los Centros de Asistencia Social (CAS) del DIF o en refugios de la sociedad civil.
Además, la reforma pasaba la responsabilidad de analizar caso por caso, para decidir lo mejor para cada menor en tránsito, a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en vez del Instituto Nacional de Migración (INM), cuya solución principal se basaba en la deportación de los menores sin realmente considerar su situación. Así, las procuradurías tendrían la obligación de elaborar un plan de restitución de derechos donde quedara estipulado 1) la remisión del caso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para un mejor análisis y resolución; 2) la reunificación del menor con algún familiar establecido en México o Estados Unidos; o por el contrario, 3) la devolución a su país de origen, siempre y cuando su vida no corriese peligro.
Por su contenido, la reforma llegó a ser calificada como vanguardista e incluso garantista, no obstante, desde su aplicación en enero del 2021 hasta el corte que realizó Animal Político en mayo del 2022, únicamente habían sido elaborados 19.067 planes de restitución de derechos de un total de 98.671 migrantes menores de edad que habían sido detenidos por el INM y canalizados al Sistema DIF. Esto quiere decir que tan solo el 19% de este sector migrante pasó por el nuevo sistema de protección, lo que devela el incumplimiento de la obligación marcada por la ley.
De este 19% de casos considerados, la mayoría fueron deportados a países como Honduras, nación que en 2017 registró la tasa más alta del mundo en asesinatos de población infantil; unos pocos fueron reunificados con familiares en México o remitidos a la Comar; mientras que en ninguno de los 19.067 casos se consideró la posibilidad de reunificar a los menores con algún familiar establecido en Estados Unidos, cuestión que no es de extrañar debido a la relación tan compleja que mantiene México con su vecino del norte, así como a las presiones que recibe de éste último con respecto al cruce fronterizo.
Entre las repercusiones que se han producido por el incumplimiento de la reforma se encuentra la falta de comunicación entre las procuradurías, cuestión que se ha podido observar en la disparidad de las cifras y datos numéricos que cada una ha presentado; así, la Procuraduría Federal y las procuradurías estatales desconocen los planes elaborados por las municipales, propiciando la carencia de certeza en lo que ocurre con miles de niños, niñas y adolescentes migrantes. Esto revela, según Pablo Loredo, exprocurador de la Niñez en San Luis Potosí, una debilidad institucional que, como era de esperarse, tiene sin cuidado al sistema y las autoridades.
Otra de las numerosas problemáticas radica en que se ha encontrado una nueva forma de violar la ley al analizar de forma colectiva miles de casos de niños, niñas y adolescentes migrantes con el fin de poder deportarlos a sus países. Cada uno de los menores en tránsito presentan situaciones particulares que no pueden ser englobadas en un conjunto general, y por querer "eficientar" o "facilitar" el proceso de atención, muchos son devueltos a entornos peligrosos, donde incluso podrían estar amenazados de muerte; al no recibir una atención efectiva y cuidados, estos menores regresan al espacio de donde querían huir y se arrebata de sus manos el derecho a conseguir una vida digna y de mejor calidad.
Aunado a lo anterior, organizaciones internacionales de derechos humanos, así como organizaciones civiles mexicanas como el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), Asylum Access o, Sin Fronteras, han denunciado una práctica irregular detectada al interior del INM y de varias procuradurías, donde se están utilizando formatos preestablecidos para deportar a los menores migrantes bajo la medida de protección de retorno asistido.
Pese a que la reforma indica que la niñez y adolescencia migrante detenida debe ser acogida por los centros de asistencia del DIF o los refugios de la sociedad civil, continúa siendo encarcelada en estaciones migratorias o anexos, conocidos como "centros de canalización", debido a que ya no se cuenta con espacios disponibles en los centros del DIF, visibilizando la falta de infraestructura. También, se han realizado denuncias en contra de abusos por parte de las autoridades y miembros de la policía, perpetradas al interior de estos espacios. En cuanto a esta problemática, Animal Político intentó hablar con el INM al respecto, pero no obtuvieron respuesta alguna.
Como parte de sus obligaciones, el Estado Mexicano debe brindar recursos económicos suficientes a las procuradurías, desafortunadamente, esto tampoco se cumple. Tanto en 2021 como en 2022 la mayoría de éstas se enfrentaron a recortes en sus presupuestos, por lo que el aporte económico con el que contaban para atender a la niñez migrante recién llegada, así como a los menores que habían sido deportados de Estados Unidos, era simplemente insuficiente.
Mientras que al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se le otorgaron 69 millones de pesos, a la Comar un total de 45 millones y a la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes una suma de 39 millones, el INM tuvo a su disposición la cantidad de 1.662 millones de pesos, que fue únicamente superada por los 3.475 millones que recibió el Sistema Nacional DIF, como parte de lo pactado por el gobierno de López Obrador un año antes, con el objetivo de construir o remodelar los albergues para la llegada masiva de la niñez migrante (acompañada o sin acompañar). Sin embargo, existe una preocupación común, entre aquellos entrevistados por Animal Político, en cuanto a la posibilidad de que estos albergues terminen convirtiéndose en "estaciones migratorias para niños", es decir, lugares donde se les detenga por unos días y posteriormente se les deporte.
Finalmente, la falta de personal en la atención de la niñez y adolescencia migrante es otra de las consecuencias clave del incumplimiento de la reforma. De un total de 28 procuradurías contactadas por Animal Político, 22 respondieron que mantuvieron congelados, o incluso redujeron a sus equipos multidisciplinarios de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, imposibilitando la atención efectiva a los menores en tránsito. Así, mientras las procuradurías contaban con 1.015 elementos, el INM tenía 2.160 agentes destinados a labores de contención y verificación migratoria, laborando junto a los 14.000 soldados del Ejército y los 9.445 soldados de la Guardia Nacional. Esto quiere decir que, por un integrante de las Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes hay dos agentes del INM, nueve elementos de la Guardia Nacional y trece soldados de la Sedena, propiciando la disparidad entre los elementos de protección y aquellos de contención.
Los peligros que enfrenta la niñez y adolescencia migrante durante su proceso de tránsito no hacen más que agravar el entorno de vulnerabilidad en el que ya se encuentran, especialmente al no ver cumplidos ni respetados sus derechos. Al llegar a México, se esperaría que pudieran recibir el apoyo de aliados, como los trabajadores sociales, que faciliten y protejan ese camino o su integración en sociedad.
Desafortunadamente, pese a que contamos con una reforma que busca salvaguardar los derechos de este sector migrante, los integrantes de las procuradurías son presionados por el INM para que prevalezca la política de detención y deportación. Entonces, para poder cumplir con su deber, el trabajador social debe luchar contra un sistema que no ve como prioridad la atención a la niñez y adolescencia migrante, así como a la población migrante en general. Por consiguiente, ¿qué se puede hacer?
Nos encantaría poder darles respuestas concretas, incluso mencionar algún plan de acción que agriete al sistema y permita reconfigurarlo desde la raíz, pero lo cierto es aún falta mucho por hacer, empezando por tomar consciencia de la realidad que enfrenta la niñez y adolescencia migrante, así como aquellos actores que buscan apoyarlos (integrantes de procuradurías, refugios, albergues, asociaciones civiles, organizaciones humanitarias, etc.). Abrir los ojos ante las injusticias que nos rodean para encontrar formas de volvernos agentes de cambio, eso es lo que necesitamos.
Un último aspecto que es importante mencionar y no podemos dejar fuera es que, como trabajadores sociales, hoy más que nunca, es necesaria su labor de investigación en este campo. Nos enfrentamos a una carencia de investigaciones académicas, así como a la presencia de trabajos que necesitan ser actualizados a lo que ocurre hoy en día. Visibilizar esta problemática no debería ser únicamente una labor periodística, sino también parte de la disciplina de los profesionales en trabajo social, incluso si en un principio parece una acción tan pequeña que no logremos ver la importancia de su impacto a largo plazo.
Fuentes:
© Instituto de Educación y Promoción Cultural A.C.
